El Comité Económico y Social Europeo (CESE) ha aprobado en su sesión plenaria del mes de enero el dictamen sobre la propuesta de directiva sobre morosidad presentada por la Comisión Europea. Las principales conclusiones se recogen a continuación.
- El CESE acoge favorablemente la Comunicación de la Comisión sobre el paquete de medidas de ayuda a las PYMEs y la intención de la Comisión de seguir luchando contra la morosidad.
- Al mismo tiempo, al Comité le preocupa que la transformación de la actual Directiva en un Reglamento pueda limitar la flexibilidad de los Estados miembros y del entorno empresarial en un momento de múltiples vientos en contra en toda la Unión Europea.
- Considera que la morosidad perjudica, sobre todo, a los propietarios de pequeñas empresas, a sus familias y a sus empleados, con graves consecuencias en los pagos de servicios públicos, alquileres y préstamos, así como en su moral y productividad.
- Cree que la Comisión, con su propuesta, está intentando abordar el problema de los retrasos en los pagos en lugar de la morosidad introduciendo medidas excesivamente restrictivas, en lugar de mejorar el actual marco de aplicación con normas más eficaces.
- Subraya la importancia de las negociaciones flexibles a la hora de fijar las condiciones de pago y pone de relieve la gran preocupación que suscita la propuesta de la Comisión. En efecto, el tope de 30 días propuesto elimina la libertad contractual entre empresas.
- Ve el beneficio potencial de introducir organismos nacionales de control. Sin embargo, subraya que dichas autoridades tendrán que actuar con objetividad y garantizar la máxima confidencialidad al tratar la información sensible desde el punto de vista comercial tanto de las empresas como de las autoridades públicas, sin imponer más obligaciones de información.
- Considera que unas condiciones estrictas en las condiciones de pago podrían repercutir en las transacciones comerciales dentro del mercado único e impulsar las operaciones empresariales fuera de la UE. Sería más fácil contratar a proveedores de terceros países a los que se permite aceptar plazos de pago más largos. Esto podría ser una amenaza potencial para la competitividad de Europa y debería evitarse.
Source: unagronomoenelsuper.com
