Señoras y señores:
En el año 2020 fuimos testigos de fenómenos naturales extremos en todo el planeta, que de manera particular demostraron la alta vulnerabilidad de América Latina y el Caribe a los efectos del cambio climático. Fue un año récord en la actividad ciclónica, con terribles inundaciones y deslizamientos de tierra, con fuegos forestales despiadados en diversas partes del mundo, y registrando el promedio de temperatura más alto en cuatro años. Conjuntamente nos vimos afectados por la peor crisis de salud en un siglo, con la pandemia causada por el virus COVID 19.
Mientras que la pandemia genera cientos de miles de investigaciones con resultados y diagnósticos diarios de epidemiólogos y médicos, el cambio climático tiene un único diagnóstico científico irrebatible, que le pone nombre a unos «síntomas» naturales que vienen aumentando en frecuencia e intensidad desde hace ya muchos años. Las proyecciones indican que la duración de las sequías severas será mucho más larga, hasta un 35% más, y que habrá incrementos importantes en la escasez de agua, forzando a una migración interna para la cual debemos estar preparados.
La necesidad de contener la propagación del virus y la respuesta humanitaria ante el deterioro de la condición de vida de los sectores más vulnerables debido al desempleo provocado por la enfermedad es y será en lo inmediato, y hasta que sobrepasemos esta crisis, el primer ítem en la agenda gubernamental de nuestros países. Así lo ha asumido nuestro Jefe de Estado, Luis Abinader, y el gabinete de Salud que coordina la vicepresidencia de la República y que fue conformado de emergencia para hacer frente a la crisis.
Sin embargo, nuestro país entiende que enfrentar el COVID-19 y atender la emergencia climática no se contraponen, ni puede la pandemia desviarnos de las metas en la lucha para aminorar los efectos devastadores que un cambio climático provocaría en la isla.
Entendemos que esta no es una cuestión de suma cero. La pandemia no ha frenado el cambio climático. La gravedad de la crisis de salud pública lo que nos hace es un llamado rotundo a todos los países de la región, para incluir componentes ambientales y relacionados al cambio climático dentro de los paquetes de estímulo de emergencia, y a evitar a toda costa que las decisiones de los gobiernos prioricen una problemática en perjuicio de la otra.
Sabemos que estas dos crisis guardan relación ya que ambas exacerban la desigualdad social y han empujado a 4.8 millones de personas en nuestra región a la extrema pobreza, según informe de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, afectando el disfrute de derechos humanos básicos, como la salud, el agua y la alimentación. Pero todavía entendemos muy poco sobre cómo interaccionan una con la otra.
Por esto, nuestros esfuerzos regionales deben ir orientados a generar y robustecer el conocimiento sobre la relación entre la crisis sanitaria y la emergencia climática. Una situación inesperada como la creada por la pandemia tiende a agudizar la marginalización y la pobreza, que muchas veces vienen asociadas a fenómenos naturales provocados por los efectos del cambio climático. De manera que, para contrarrestar, toda acción a tomar en el futuro inmediato debería incluir grandes mejoras en nuestros sistemas de protección.
Como miembro de esta comunidad, y como ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la República Dominicana, soy plenamente consciente de la enorme responsabilidad que recae sobre el sector gubernamental para demostrar que en medio de la grave crisis sanitaria y económica en la que nos encontramos, nuestras instituciones públicas son lo suficientemente sólidas como para asumir una planificación de recuperación que refleje toda la complejidad del panorama mundial actual. Y sobretodo, que las decisiones incluyan el clima.
Necesitamos políticas públicas innovadoras, creativas, que vayan más allá.
Nos toca reinventarnos y sofisticar la coordinación interinstitucional para que los ministerios de finanzas, planificación, economía y de medio ambiente, por nombrar solo algunos, obedezcan a un mismo lineamiento, y que este se corresponda con avanzar en conjunto hacia una «recuperación Verde» pos COVID.
Una de las más importantes lecciones que nos llevaremos de la crisis sanitaria global es comprender la relevancia de una buena preparación y de tener una visión a largo plazo. La vulnerabilidad de nuestras economías y la posibilidad de retroceder en las enormes conquistas que en términos de desarrollo económico y social ha experimentado esta región, nos ratifica en la postura de que debemos invertir en el sector construcción y en infraestructuras resilientes. Esa es una clave esencial en la recuperación pos COVID y en la adaptación al cambio climático, que nos colocará sin duda en mejores condiciones para enfrentar crisis futuras. Las soluciones basadas en la naturaleza, con una mejor gestión forestal que genere divisas y empleos a partir de nuestro capital natural, y la protección de la diversidad biológica y de los ecosistemas críticos, también son vitales para reducir riesgos y evitar grandes daños y pérdidas durante eventos climatológicos.
República Dominicana reitera su compromiso con la adaptación al cambio climático y con cerrar la brecha entre nuestra ambición climática y la acción climática, y continúa con el cumplimiento de las metas trazadas al mismo tiempo que hace frente a la pandemia.
Concretamente estamos trabajando en la creación de un mejor sistema de alerta temprana con enfoque en sectores económicos claves de la vida nacional, como el turismo, la pesca y la agricultura, que se ven afectados por los efectos adversos del cambio climático. Estamos también priorizando la modernización y adaptación de la agricultura para crear mayor resiliencia a la sequía y reemplazar tecnología obsoleta y de altas emisiones de carbono, a la vez que estudiamos las oportunidades que nos brindan los sistemas silvopastoriles y agroforestales.
La restauración y conservación de nuestras áreas protegidas, con especial énfasis en nuestras costas, para crear barreras frente a las inundaciones y subida del nivel del mar, es otro eje de nuestra política de adaptación. Para hacer todo esto, nos preparamos para tener acceso a mecanismos financieros que nos permitan invertir en sistemas resilientes de energía, transporte, proteger las fuentes hídricas, garantizar seguridad alimenticia, preservar la biodiversidad y bosques y proteger las costas.
Como isla compartida con la vecina República de Haití, somos de los países que resultarán más afectados a nivel mundial por los eventos extremos que se pronostican, inundaciones, sequías y subida del nivel de mar principalmente. Es por tanto nuestra prioridad corregir las debilidades y contar con un sistema financiero sostenible que oriente la inversión hacia la acción climática, logre una mayor presencia del sector privado y diversifique el marco de instrumentos financieros existente.
En este sentido, hemos concertado recientemente sendos acuerdos entre los dos gobiernos y entre los ministerios de medio ambiente de ambos países, República Dominicana y Haití, para actuar de manera coordinada, tanto en el desarrollo fronterizo como en medidas medioambientales que nos colocarán en mejor condición para lidiar con los efectos que dejaría un cambio climático en el Caribe.
En el plano nacional, nuestras instituciones públicas van ganando día a día la confianza de la ciudadanía, mejorando la transparencia y fortaleciendo nuestra democracia, lo que definitivamente es un paso importante hacia esta meta de desplegar la inversión para un futuro pos COVID mucho más verde, resiliente e inclusivo.
Febrero 2021
Source: ambiente.gob.do
