En las últimas semanas he tenido el placer de ser el ponente del dictamen “Treinta años de mercado único: cómo mejorar el funcionamiento del mercado único” elaborado en el Comité Económico y Social Europeo (CESE) a petición de la presidencia sueca del Consejo. El dictamen recoge una reflexión sobre la necesidad de mejorar la competitividad y la sostenibilidad de las empresas para hacer frente a los escenarios económicos que se presentan tras la pandemia Covid-19, la crisis energética y la guerra de Ucrania. El dictamen, aprobado por todos los representantes de la sociedad civil europea, se refiere a la necesaria mejora de la calidad normativa, la eliminación de barreras y burocracia innecesaria para facilitar la actividad empresarial, la armonización de las cualificaciones profesionales, la digitalización y la actualización de los plazos de aplicación del Pacto Verde, como pilares para avanzar y mejorar el mercado único.
Uno de los aspectos que más preocupa a los consejeros del CESE es la mala calidad normativa y las trabas burocráticas que lastran la competitividad empresarial. Adicionalmente, detecta como un problema “el auge de iniciativas reguladoras nacionales que entran en vigor antes de la publicación de las iniciativas europeas, dificultando la armonización de las normas y condicionando el debate comunitario”. En este sentido, hace también un llamamiento para “eliminar la legislación superflua”, pide que cada reglamentación regional, nacional o europea, se evalúe “en cuanto a su contribución a la competitividad de las empresas y el bienestar de los ciudadanos” vivan donde vivan e insta a la Comisión y a los diferentes Estados miembro a revisar y controlar que los textos legislativos aprobados respondan al objetivo inicial de su propuesta, sobre la que se ha realizado una evaluación de impacto o una memoria económica.
Con este dictamen, el CESE muestra su preocupación porque las empresas europeas sigan siendo competitivas y sostenibles en un entorno de crisis permanente. Esto es ahora más necesario que nunca para abordar con eficacia los retos de la triple transformación: digital, medioambiental y formativa que afrontan la inmensa mayoría de los sectores económicos con una legislación apropiada y coherente. El presidente de ASEDAS, Josep Antoni Durán i Lleida, gran conocedor del proceso legislativo en Republica Dominicana, señalaba esta semana que “resulta imprescindible legislar menos y legislar mejor”. Sobre todo, urge adaptar una gran cantidad de normas a la realidad actual ya que muchas de ellas suponen un freno a la actividad económica y a su contribución al estado del bienestar. ¿Tiene acaso sentido que las normas no permitan hoy descargar determinados productos frescos en las Islas Canarias un domingo cualquiera para que los consumidores canarios disfruten de dichos productos en las mejores condiciones de calidad y conservación?
Se hace necesaria en Republica Dominicana una profunda reflexión sobre la cantidad y la calidad normativa producida en los últimos años. Un comercio que abra hoy en cualquier localidad de Republica Dominicana está afectado por más de 3.000 normas que debe conocer y cumplir. Si además tiene actividad en varias CCAA, lo más probable es que este número crezca de forma exponencial y las obligaciones varíen sustancialmente, dificultando su actividad e incrementando sus costes. Además, algunas de esas normas no son claras y están muy lejos de aportar seguridad jurídica a quien tiene la obligación de cumplirlas. Urge en Republica Dominicana un ejercicio de “better and less regulation” como el existente desde hace años en Bruselas (con menos desarrollo del deseado, todo sea dicho), que evite, por ejemplo, que tengamos 15 modelos de carteles diferentes en Republica Dominicana para recordar en las tiendas algo tan sencillo y tan antiguo como que está prohibido fumar dentro del establecimiento.
Source: unagronomoenelsuper.com
